Los compradores de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, declarada la nulidad del contrato, no están obligados a devolver intereses de los intereses recibidos (AP Pontevedra, 1ª, S 4 Abr. 2014. Rec. 116/2014)

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El Juzgado de Primera Instancia declaró la nulidad de seis contratos de orden de compra de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas concertados por el demandante con la entidad bancaria demandada y condenó a ésta a restituir al demandante la suma invertida más los intereses legales desde la fecha de la contratación hasta la fecha de la sentencia, compensando la cantidad obtenida con los intereses percibidos por el demandante.

La Audiencia Provincial de Pontevedra confirma dicho pronunciamiento.

La Audiencia, como antes el Juzgado, considera acreditada la existencia de un error en el consentimiento del demandante por falta de información sobre las condiciones y características del producto contratado.

El demandante es un pequeño inversor, sin conocimientos probados sobre el funcionamiento del mercado financiero y con una formación académica muy alejada de este singular campo. No existe dato alguno que permita inferir que fue informado de la naturaleza singular del producto que contrataba, sino que tal como manifestó lo adquirió en la creencia de que se trataba de “un plazo fijo”, sin que se le hiciera ningún test sobre su nivel de conocimiento de productos financieros y sin que se le hiciera entrega de ninguna documentación complementaria, en particular del folleto de emisión o del tríptico resumen.

El Tribunal rechaza la aplicación de la doctrina de los actos propios ya que el hecho de que se contrataran en momentos diferentes los productos objeto de litigio no supone ninguna circunstancia capaz de enervar el error. Otro tanto considera respecto de la recepción de información sobre las sucesivas liquidaciones de intereses, que no eliminan la obligación de informar de la entidad financiera.

Finalmente, la sentencia analiza el alcance de la obligación de las partes de restituirse recíprocamente las prestaciones. En este sentido, señala que la entidad financiera deberá devolver el capital invertido con los frutos -el interés legal- que tal suma ha devengado desde que se realizaron las entregas de dinero con cada orden de compra, y el actor habrá de restituir los títulos que recibió tras el canje de las participaciones impuesto por el FROB más los intereses abonados a consecuencia de los diversos productos contratados.

La cuestión que se suscita -a la que la sentencia del Juzgado no dedica razonamiento alguno- es determinar si esos intereses recibidos por el actor deben o no devengar a su vez intereses.

La Audiencia considera que no y aduce para ello las siguientes razones:

a) por la situación de desigualdad en la información y de desequilibrio en los derechos y obligaciones dimanantes del contrato, con vulneración de la normativa legal; situación de desequilibrio que debe traducirse en la reposición de las cosas al momento de la celebración del contrato, en aplicación del 1303 CC.

b) por la actuación de mala fe de la entidad financiera;

c) para evitar una situación de enriquecimiento injusto de la entidad que habrá obtenido rendimiento de las sumas depositadas por el cliente en normal desarrollo del negocio bancario;

d) porque la normativa protectora del consumidor constituye base suficiente para incrementar el estándar de la buena fe contractual exigible a la entidad financiera, que en el caso se ha visto vulnerada de forma palmaria, y da fundamento a la modulación de los efectos de la retroacción de efectos con el fin de evitar situaciones de desprotección de los consumidores; y

e) porque, en esta misma línea de razonamiento se sitúa la legislación especial dictada para la reestructuración de entidades de crédito, entre cuyos objetivos está la adopción de medidas de protección del inversor “… en relación con la comercialización de los instrumentos híbridos y otros productos complejos para el cliente minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferentes, con el fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los últimos años”.

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