Sobre la reciente ley antifraude

El B.O.E. de 30 de octubre de 2012 se ha publicado la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación a de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, conocida comola “Ley Antifraude”. Contiene medidas diseñadas para impactar directamente en nichos de fraude fiscal y otras que tienden a perfeccionar las normas que garantizan el crédito tributario.

 Se adoptan medidas cautelares vinculadas a supuestos de presuntos delitos contrala Hacienda Pública, así como la investigación patrimonial asociadas a las mismas, la limitación de pagos en efectivo o el establecimiento de nuevas obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

 Las modificaciones mas relevantes, sin ánimo de ser exhaustivo, son las siguientes:

 Ley General Tributaria

 Se aumenta el alcance de la responsabilidad del socio en las sociedades disueltas o liquidadas, tanto en la sucesión de la deuda tributaria como de las sanciones. También se modifica el sistema de sucesión alcanzando a las entidades jurídico-públicas, en las que también se produce la subrogación mercantil tradicional.

 Se introduce un supuesto de responsabilidad subsidiaria de los administradores de las empresas que, carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, realizan sistemáticamente la presentación de autoliquidaciones sin ingreso.

 Se aclara la interrupción del cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Asimismo se modifica el momento en que se reinicia el plazo de prescripción y se aclaran los efectos de la suspensión del cómputo del plazo de la prescripción por litigio, concurso y otras causas legales.

 En relación a las medidas cautelares, se permite su adopción en cualquier momento del procedimiento, cuando se estime la concurrencia de los presupuestos establecidos. Se modifica la norma en relación con las medidas cautelares en expedientes por delito fiscal.

 Se prohíbe de disposición de los bienes inmuebles de sociedades cuyas acciones o participaciones hayan sido objeto de embargo y se ejerza por el titular de las mismas, deudor dela Hacienda Pública, el control efectivo de dichas sociedades.

 Se permite la extensión del embargo de bienes y derechos en entidades de crédito al resto de bienes y derechos obrantes en la persona o entidad teniendo como límite la jurisdicción territorial de la Administración tributaria actuante.

 Se crea un nuevo tipo de infracción tributaria relativo a la presentación de autoliquidaciones o declaraciones informativas sin atenerse a las obligaciones de presentación telemática.

 En materia de infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria, se establecen sanciones específicas cuanto el obligado tributario esté siendo objeto de un procedimiento de inspección.

 Se clarifica el sistema de suspensión y devengo de intereses de demora en el caso de recurso o reclamación.

 Se modifica el importe de la garantía que es necesario depositar para la suspensión de la ejecución del acto impugnado a través del recurso de reposición o de la reclamación económico-administrativa, a fin de que el importe de la misma cubra todos los recargos que pudieran ser exigibles en el momento de ejecución de la garantía del crédito público.

 Se establece una obligación específica de información en materia de bienes y derechos situados en el extranjero de los que se sea titular, beneficiario o autorizado. El incumplimiento de esta nueva obligación de información conlleva un régimen sancionador propio a razón de 5.000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros. Además, las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último período impositivo de entre los no prescritos.

 Ley del Impuesto sobre laRenta de las Personas Físicas

 Se introduce una modificación de la normas para regular la incidencia que en el ámbito de las ganancias de patrimonio no justificadas puede tener la no presentación en plazo de tal obligación de información sobre bienes en el extranjero.

 Se determina la exclusión del régimen de estimación objetiva (módulos), para el conjunto de actividades a las que se aplica el tipo de retención del 1%, teniendo lugar cuando el volumen de los rendimientos íntegros del año inmediato anterior que proceda de empresarios o profesionales supere los 50.000 euros anuales y represente más del 50% del volumen total de los rendimientos íntegros de la actividad o bien cuando supere los 225.000 euros anuales.

 Se modifica la normativa reguladora del borrador de declaración, a fin de que la Orden ministerial anual de la campaña de IRPF pueda ir adaptando aquel a las modificaciones normativas, de gestión del servicio, etc., posibilitando la extensión a un mayor número de ciudadanos.

 Ley del Impuesto sobre Sociedades:

 Se regula la incidencia que, en el ámbito de la presunción de obtención de rentas, puede tener la no presentación en plazo de la obligación de información sobre bienes en el extranjero, introduciéndose, además, una infracción específica, con un agravamiento de las sanciones, para estos casos.

 Ley del IVA

 Se establecen dos nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo en casos de entregas de inmuebles. Por una parte, cuando se renuncie a la exención en las operaciones inmobiliarias, y, en segundo término, cuando la entrega de los bienes inmuebles se produzca en ejecución de la garantía constituida sobre los mismos, supuesto que se extiende expresamente a las operaciones de dación del inmueble en pago y cuando el adquirente asume la obligación de extinguir la deuda garantizada. Con ello se pretende evitar el perjuicio que se produce ala Hacienda Públicacuando el IVA no se ingresa en el Tesoro y, a continuación, se solicita el aplazamiento o se declara el concurso de la entidad transmitente. El daño ala Hacienda Públicaes doble, pues el IVA no ingresado es deducido por el adquirente. Con el mecanismo de la inversión del sujeto pasivo se garantiza el ingreso del IVA enla Hacienda Pública.

 Se introduce una limitación a los pagos en efectivo

 Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en las que participen empresarios o profesionales. Dicho importe se eleva a 15.000 euros cuando el pagador sea un persona física que justifique que tiene su domicilio fiscal en España y no actúa en calidad de empresario o profesional.

 Esta limitación no resulta aplicable a los pagos e ingresos realizados en entidades de crédito.

 El incumplimiento de estas limitaciones constituye una infracción tributaria grave, cuya sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional de 25% de la base, que estará constituida por la cuantía pagada en efectivo que exceda de las limitaciones.

 El pago en efectivo por encima de estos límites no dará lugar a responsabilidad por infracción tributaria respecto de la parte que intervenga en la operación cuando denuncie antela Agencia Estatalde Administración Tributaria, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del pago efectuado en incumplimiento de la limitación, la operación realizada, su importe y la identidad de la otra parte interviniente.

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  1. Sobre la reciente ley antifraude - 8 noviembre, 2012

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